A las 11:08 de la mañana del 3 de febrero de 1945, una bomba estadounidense atravesó el cielo gris de Berlín y cayó sobre el edificio del Tribunal Popular.
Dentro, un hombre vestido con una toga de color rojo sangre intentaba salvar varios expedientes.
No eran documentos ordinarios.
En aquellas carpetas aparecían los nombres de personas a las que probablemente pensaba condenar a muerte.
Durante casi tres años, Roland Freisler había humillado, insultado y enviado al patíbulo a miles de acusados. Había convertido la sala de justicia en un escenario de terror, y la ley en un arma política al servicio de Adolf Hitler.
Aquella mañana, mientras las paredes se agrietaban y el techo comenzaba a derrumbarse, Freisler no corrió inmediatamente hacia el refugio.
Se quedó recogiendo papeles.
Segundos después, una parte del edificio se desplomó sobre él.
Cuando encontraron su cadáver entre los escombros, todavía tenía los expedientes entre los brazos.
El hombre que durante años había decidido quién debía vivir y quién debía morir no tuvo juez, abogado ni derecho de apelación.
Su sentencia llegó desde el cielo.
Pero para comprender cómo un jurista brillante terminó convertido en el llamado “juez de sangre” del Tercer Reich, hay que regresar a otro día de explosiones.
El 20 de julio de 1944, poco después del mediodía, una detonación sacudió la Wolfsschanze, la Guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental.
El coronel Claus von Stauffenberg había dejado un maletín con explosivos debajo de una mesa durante una reunión militar. El plan parecía sencillo: matar a Hitler, activar la Operación Valquiria, controlar Berlín, desarmar a las SS y detener a los principales dirigentes nazis.
Durante unos minutos, muchos conspiradores creyeron que lo habían conseguido.
La explosión destrozó la sala de conferencias. Las ventanas saltaron por los aires. La mesa quedó convertida en astillas. Varias personas murieron o quedaron gravemente heridas.
Pero Hitler sobrevivió.
Una gruesa pata de madera había desviado buena parte de la onda expansiva.
Horas más tarde, con el uniforme dañado y el brazo herido, Hitler recibió a Benito Mussolini como si nada pudiera detenerlo. La reunión tenía un propósito evidente: demostrar que seguía vivo, que conservaba el control y que sus enemigos habían fracasado.
En Berlín, la conspiración comenzó a desmoronarse.
Órdenes contradictorias circularon por teléfono. Algunos oficiales dudaron. Otros cambiaron de bando. Las unidades que debían arrestar a los líderes nazis terminaron obedeciendo nuevamente al régimen.
Esa misma noche, Stauffenberg y varios de sus compañeros fueron fusilados en el patio del Bendlerblock.
Sin embargo, aquello solo fue el comienzo.
Hitler exigió una purga gigantesca.
Más de siete mil personas fueron arrestadas en las semanas siguientes. Familiares, amigos, antiguos compañeros de armas, funcionarios, sacerdotes y civiles fueron interrogados. Cerca de cinco mil personas terminarían ejecutadas o morirían como consecuencia de la represión.
El régimen necesitaba un escenario donde transformar la venganza en una apariencia de legalidad.
Y para eso ya tenía al hombre perfecto.
Roland Freisler.
Presidente del Volksgerichtshof, el Tribunal Popular.
Un fanático capaz de gritar más fuerte que los acusados, los abogados, los testigos y, en ocasiones, incluso más fuerte que los micrófonos que grababan los procesos.
En la sala no se limitaba a actuar como juez.
Era fiscal, interrogador, acusador, jurado y verdugo moral.
La sentencia solía estar decidida antes de que el prisionero cruzara la puerta.
Su tarea no era descubrir la verdad.
Era representar la furia del Führer.
Roland Freisler había nacido el 30 de octubre de 1893 en Celle, una tranquila ciudad alemana. Su padre, Julius, trabajaba como ingeniero y profesor. Su madre se llamaba Charlotte. Roland y sus hermanos fueron bautizados dentro de la tradición protestante.
Nada en aquella infancia parecía anunciar que uno de esos niños terminaría presidiendo uno de los tribunales más temidos de Europa.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Freisler estudiaba Derecho en la Universidad de Jena.
Abandonó los estudios y se incorporó al ejército como aspirante a oficial.
En 1915 fue ascendido a teniente. Recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por su actuación en combate. Parecía encaminado hacia la imagen clásica del joven oficial alemán disciplinado, patriótico y ambicioso.
Entonces ocurrió el primer giro extraño de su vida.
En octubre de 1915 fue capturado en el frente oriental.
Pasó varios años en un campo para oficiales cerca de Moscú. Durante ese periodo aprendió ruso con fluidez y entró en contacto con una sociedad que se encontraba al borde de una transformación radical.
En 1917, la revolución bolchevique derribó el antiguo orden ruso.
Cuando los prisioneros comenzaron a ser liberados, Freisler no regresó inmediatamente a Alemania. Permaneció en la Rusia soviética hasta 1919.
Años después circularían informes y acusaciones según los cuales aquel futuro fanático nazi había simpatizado con el bolchevismo, e incluso habría colaborado con estructuras revolucionarias dentro del campo de prisioneros.
La ironía era casi perfecta.
El hombre que llegaría a condenar a ciudadanos por la más mínima sospecha de deslealtad había vivido bajo una sombra política que el propio Hitler nunca olvidaría.
Freisler regresó a Alemania en 1919, terminó sus estudios en Jena y obtuvo el doctorado en Derecho en 1922.
Era inteligente, rápido y extraordinariamente hábil con las palabras.
También era agresivo, teatral y temperamental.
En una sala de audiencias no hablaba para convencer serenamente. Atacaba. Provocaba. Ridiculizaba al adversario. Convertía cada intervención en un espectáculo.
Esa habilidad encontró pronto un mercado político.
Durante los años veinte, el Partido Nazi todavía era una fuerza en crecimiento, rodeada de escándalos, peleas callejeras, actos violentos y procesos penales contra sus militantes.
Freisler comenzó a defender a miembros del movimiento acusados de violencia política.
En julio de 1925 se afilió oficialmente al Partido Nacionalsocialista, aunque algunas cronologías sitúan su integración política efectiva en los años inmediatamente anteriores a su ascenso interno.
Su utilidad era evidente.
Conocía la ley, entendía los procedimientos y sabía convertir un juicio contra un militante nazi en una tribuna propagandística.
Entre 1924 y 1935 apareció repetidamente en procesos judiciales, incluidos procedimientos relacionados con Leipzig. Insultaba a colegas, amenazaba verbalmente a adversarios y desafiaba a magistrados.
Sin embargo, nunca perdió su licencia.
El sistema judicial de la República de Weimar, al que él atacaba constantemente, continuaba ofreciéndole las garantías profesionales que más tarde negaría a sus propias víctimas.
Dentro del partido, su talento causaba admiración y desconfianza al mismo tiempo.
Un informe enviado en 1927 por un dirigente regional nazi resumía la contradicción con brutal claridad. Freisler podía igualar o superar a los mejores oradores del movimiento. Tenía un enorme efecto sobre las masas.
Pero las personas reflexivas tendían a rechazarlo.
Era considerado útil como agitador, no necesariamente como líder. Su conducta dependía demasiado de su estado de ánimo. Su carácter parecía inestable. No inspiraba confianza.
El partido veía en él una herramienta poderosa.
No un hombre querido.
El 24 de marzo de 1928 se casó con Marion Russegger. La pareja tendría dos hijos.
Mientras construía una familia respetable, Freisler ayudaba a construir la maquinaria legal de un movimiento que aún no había alcanzado el poder absoluto.
Eso cambió en enero de 1933.
Hitler fue nombrado canciller.
En pocos meses, los nazis destruyeron las instituciones democráticas, ilegalizaron a sus adversarios políticos, llenaron los campos de concentración y transformaron el Estado alemán.
Freisler fue elegido diputado del Reichstag y comenzó a ascender dentro de los ministerios de Justicia de Prusia y del Reich.
Ocupó puestos de alto nivel, primero como director ministerial y luego como secretario de Estado. Participó en la Academia de Derecho Alemán, fundada por Hans Frank para reestructurar el sistema jurídico de acuerdo con los objetivos nacionalsocialistas.
La misión no era ocultada.
La ley debía dejar de ser una barrera contra el poder.
Debía convertirse en su instrumento.
Freisler encajaba perfectamente en ese proyecto.
Poseía conocimientos jurídicos extraordinarios, memoria rápida, habilidad para improvisar y una capacidad casi escénica para dominar cualquier conversación.
Pero empleó cada una de esas virtudes al servicio de una idea monstruosa: la justicia no debía proteger al individuo, sino obedecer a la comunidad racial definida por el nazismo.
A partir de entonces, la culpa ya no dependería únicamente de lo que una persona hubiera hecho.
También podía depender de quién era, de su origen, de sus pensamientos, de sus relaciones o de la utilidad que el régimen atribuyera a su existencia.
Freisler escribió sobre la supuesta “misión biológica racial” de la reforma penal juvenil.
Defendía la separación de jóvenes considerados “racialmente extranjeros”, “degenerados”, “incurables” o gravemente problemáticos respecto de quienes el régimen calificaba como jóvenes alemanes racialmente sanos.
Las palabras parecían técnicas.
Las consecuencias eran humanas.
Adolescentes reales podían ser enviados a instituciones, centros de reeducación o sistemas punitivos no por un delito concreto, sino porque los ideólogos del Estado consideraban defectuosa su herencia o su identidad.
Freisler también defendió la penalización de la llamada Rassenschande, la “deshonra racial”.
El término servía para criminalizar las relaciones íntimas entre judíos y personas clasificadas como alemanas o de “sangre relacionada”.
En 1933 ya reclamaba prohibiciones jurídicas contra las relaciones consideradas mixtas.
Dos años más tarde, el 15 de septiembre de 1935, el régimen promulgó las Leyes de Núremberg.
La Ley de Ciudadanía del Reich privó a los judíos de la ciudadanía plena y de sus derechos políticos. La Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes prohibió matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y ciudadanos considerados de sangre alemana.
El racismo dejó de ser solo propaganda.
Se convirtió en formularios, expedientes, sellos, investigaciones familiares, anulaciones matrimoniales, detenciones y condenas.
Ese era uno de los secretos más peligrosos del Tercer Reich.
La barbarie no siempre llegaba gritando y rompiendo puertas.
A veces aparecía escrita en un lenguaje jurídico impecable.
Freisler sabía redactar ese lenguaje.
Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, comenzó una guerra que extendería el sistema nazi por gran parte de Europa.
Un mes después, Freisler impulsó dentro de la legislación juvenil el concepto de “delincuente juvenil grave”.
Por primera vez, el sistema penal alemán abrió de manera explícita la puerta a la pena de muerte y a trabajos forzados severos contra menores de edad en determinadas circunstancias.
Al menos decenas de jóvenes fueron condenados a muerte por tribunales nazis bajo esas nuevas reglas.
Muchos apenas habían comenzado a comprender el mundo cuando el Estado decidió que ya no merecían permanecer en él.
En 1941 murió el ministro de Justicia Franz Gürtner.
Joseph Goebbels propuso a Freisler como posible sucesor.
Era una oportunidad gigantesca. El cargo lo habría convertido en una de las figuras jurídicas más poderosas del Reich.
Pero Hitler se negó.
Recordó el pasado de Freisler en la Rusia revolucionaria.
Según una versión ampliamente repetida, el Führer reaccionó con desprecio:
—Ese viejo comunista, no.
El fanático nazi que había dedicado su carrera a demostrar lealtad seguía siendo sospechoso ante el hombre al que servía.
Y no era el único problema dentro de su familia.
Su hermano Oswald también era abogado y miembro del partido, pero en varias ocasiones defendió a personas acusadas por el propio régimen en procesos políticamente delicados.
Oswald llevaba la insignia nazi en la sala, lo que podía dar la impresión de que el partido respaldaba sus defensas.
Goebbels se enfureció.
El asunto llegó hasta Hitler, quien ordenó su expulsión.
En 1939, Oswald Freisler murió en Berlín, aparentemente por suicidio, después de verse involucrado en acusaciones relacionadas con irregularidades profesionales.
La sombra de su hermano acompañó a Roland durante años.
Era brillante, fiel y feroz.
Pero no pertenecía al círculo íntimo.
No era uno de los hombres en quienes Hitler confiaba plenamente.
Entonces, el régimen le encontró una función distinta.
Una función mucho más visible.
El 20 de enero de 1942, quince funcionarios de alto rango se reunieron en una elegante villa junto al lago Wannsee, en Berlín.
El paisaje era sereno. Había jardines, grandes ventanas y agua tranquila.
Dentro de la casa se discutió la coordinación de la llamada “Solución Final”.
Era un nombre administrativo para el exterminio de los judíos europeos.
Reinhard Heydrich explicó que aproximadamente once millones de judíos se encontraban dentro del alcance de aquel proyecto. La cifra incluía no solo a quienes vivían en territorios ocupados, sino también a los residentes en Gran Bretaña, países neutrales y zonas que Alemania todavía no controlaba.
Muchos de los presentes ya conocían las matanzas masivas perpetradas en la Unión Soviética ocupada y en Serbia.
Nadie se levantó.
Nadie abandonó la reunión.
Nadie denunció el plan.
Roland Freisler estaba allí como representante experto del Ministerio de Justicia.
El hombre formado para interpretar leyes escuchó cómo se organizaba la destrucción de millones de seres humanos.
No protestó.
Su papel consistía en facilitar la integración del crimen dentro del aparato estatal.
Siete meses después, el 20 de agosto de 1942, Hitler lo nombró presidente del Tribunal Popular.
Aquel nombramiento liberó algo que llevaba años creciendo dentro de él.
En la sala principal, Freisler aparecía con una toga roja. Detrás de su asiento se elevaba un gran busto oscuro de Hitler. Banderas rojas con esvásticas dominaban el espacio.
Las sesiones se abrían con el saludo nazi.
Antes de escuchar una palabra, el acusado ya comprendía que no se encontraba ante un tribunal neutral.
Se encontraba dentro de un altar político.
El Tribunal Popular había sido creado en 1934 después de que Hitler se enfureciera por ciertas decisiones de los tribunales ordinarios, especialmente por absoluciones que consideraba demasiado indulgentes.
Su función era procesar delitos de traición, derrotismo, conspiración y oposición al régimen.
Bajo Freisler se convirtió en un teatro de condenas.
Aproximadamente nueve de cada diez acusados eran declarados culpables.
Entre 1942 y 1945, el tribunal dictó miles de penas de muerte. La sección presidida personalmente por Freisler fue responsable de una proporción extraordinaria de ellas.
En menos de tres años, su nombre quedó asociado con más condenas capitales que las impuestas por varias secciones del mismo tribunal durante periodos mucho más largos.
La gente comenzó a llamarlo Blutrichter.
El juez de sangre.
Freisler afirmaba que deseaba juzgar como lo haría el Führer.
Eso significaba que las reglas procesales podían ser ignoradas cuando obstaculizaban el resultado político.
Interrumpía las declaraciones. Impedía que los acusados explicaran sus actos. Ridiculizaba su apariencia, su voz, sus temblores, su ropa y hasta la manera en que permanecían de pie.
Gritaba tan fuerte que los técnicos debían ajustar los micrófonos.
En algunas grabaciones, su voz se distorsiona hasta convertirse en un ruido agudo y casi inhumano.
No buscaba respuestas.
Buscaba sumisión.
El 18 de febrero de 1943, dos jóvenes hermanos entraron en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich llevando una maleta llena de panfletos.
Se llamaban Hans y Sophie Scholl.
Formaban parte de la Rosa Blanca, un pequeño grupo de estudiantes y profesores que denunciaba los crímenes nazis y pedía el fin de la guerra.
Sus panfletos hablaban de asesinatos masivos, de la destrucción moral de Alemania y de la responsabilidad de permanecer en silencio.
Aquel día, cuando casi todas las copias habían sido distribuidas, Sophie empujó un último montón de hojas desde una balaustrada.
Los papeles descendieron flotando hacia el vestíbulo.
Un empleado de la universidad la vio.
Cerraron las puertas.
La Gestapo llegó poco después.
Durante el interrogatorio, los investigadores intentaron abrir una grieta entre los hermanos. Según los relatos posteriores, ofrecieron a Sophie la posibilidad de reducir su responsabilidad si afirmaba que Hans la había engañado o manipulado.
Ella se negó.
No traicionaría a su hermano.
Tampoco renunciaría a sus principios.
El 22 de febrero, Freisler voló a Múnich para presidir personalmente el juicio.
El proceso duró apenas unas horas.
Sophie tenía veintiún años.
Frente al hombre que podía ordenar su muerte, no pidió misericordia.
—Alguien tenía que empezar —declaró—. Lo que nosotros dijimos y escribimos también lo piensan muchos otros. Solo que no se atreven a expresarlo.
Freisler intentó aplastarla con su voz.
Sophie lo interrumpió.
—Usted sabe tan bien como yo que la guerra está perdida. ¿Por qué no tiene el valor de admitirlo?
Por un instante, la escena se invirtió.
La joven encadenada hablaba como una persona libre.
El juez todopoderoso respondía como un hombre atrapado dentro de su propia mentira.
Freisler tenía detrás el busto de Hitler, las banderas del régimen, policías, funcionarios y toda la fuerza del Estado.
Sophie solo tenía su voz.
Y aun así, fue ella quien pareció dominar aquel momento.
Hans Scholl, Sophie Scholl y Christoph Probst fueron condenados a muerte.
No hubo una espera prolongada.
No hubo una verdadera apelación.
Fueron guillotinados esa misma tarde en la prisión de Stadelheim.
El régimen temía que una ejecución pública pudiera convertirlos en mártires.
No comprendió que ya lo eran.
Freisler regresó a Múnich el 19 de abril para presidir un segundo proceso contra trece personas relacionadas con la Rosa Blanca.
Según testimonios, comenzó gritando que el nacionalsocialismo no necesitaba un código penal para castigar a los traidores.
Cuando un juez auxiliar acercó un ejemplar de la ley, Freisler lo lanzó hacia la zona de los acusados.
Algunos tuvieron que apartarse para evitar que el libro los golpeara.
La imagen resumía todo el sistema.
El presidente de un tribunal arrojando el código penal como si la ley fuera un objeto inútil.
Tres acusados fueron condenados a muerte. Nueve recibieron penas de prisión.
Una persona fue absuelta.
La absolución fue tan inesperada que incluso dentro de aquel escenario parecía un error del mecanismo.
Pero Freisler no solo perseguía a estudiantes organizados.
También podía destruir a una persona por una conversación privada.
Elfriede Scholz era costurera y hermana del novelista Erich Maria Remarque, autor de “Sin novedad en el frente”.
Los nazis odiaban los libros de Remarque. Los consideraban derrotistas y antipatrióticos. En 1933, sus obras fueron retiradas de bibliotecas y quemadas junto con miles de otros títulos.
Remarque abandonó Alemania.
Elfriede permaneció en el país con su familia.
Un día comentó que la guerra estaba perdida.
El dueño de la vivienda la denunció.
Aquella frase bastó para acusarla de socavar el esfuerzo militar.
En la sala, Freisler no se limitó a juzgar sus palabras.
Convirtió la huida de su hermano en parte de la acusación.
—Su hermano logró escapar de nosotros —le dijo—. Pero usted no escapará.
No estaba castigando únicamente una conducta.
Estaba ejecutando una venganza.
Elfriede Scholz fue decapitada el 16 de diciembre de 1943.
El régimen envió la factura de la ejecución a su familia.
La muerte se cobraba.
La maquinaria administrativa exigía que alguien pagara los gastos del verdugo.
Mientras Freisler pronunciaba condenas, la guerra se acercaba a Alemania.
Las ciudades eran bombardeadas. Las tropas alemanas retrocedían en varios frentes. El número de familias que recibían noticias de hijos, padres y esposos muertos aumentaba cada semana.
Pero dentro del Tribunal Popular seguía representándose la ficción de un Reich invencible.
Quien dijera lo contrario podía ser ejecutado.
Entonces llegó el 20 de julio de 1944.
Después del fracaso de Stauffenberg, Hitler quiso convertir los juicios en un espectáculo público de humillación.
Ordenó que los principales conspiradores fueran expulsados del ejército para que no pudieran ser procesados por una corte militar. Los entregó al Tribunal Popular.
Las audiencias fueron filmadas.
El propósito era preparar material propagandístico para mostrar a los acusados como cobardes, traidores y figuras ridículas.
Freisler debía ser la estrella.
Pero ocurrió algo que el régimen no había previsto.
La conducta del juez era tan brutal, tan estridente y tan evidentemente parcial que incluso algunos funcionarios nazis comprendieron que las grabaciones podían producir el efecto contrario.
En vez de demostrar la majestad de la justicia, mostraban a un hombre fuera de control insultando a prisioneros agotados.
Los acusados llegaron debilitados por los interrogatorios y las condiciones de detención.
A varios les quitaron cinturones, tirantes y dentaduras postizas. Les entregaron ropa vieja y demasiado grande.
El mariscal Erwin von Witzleben apareció con unos pantalones que se le caían constantemente.
Tenía que sujetarlos con una mano.
Freisler aprovechó la escena.
—¡Viejo asqueroso! —gritó—. ¿Por qué sigue tocándose los pantalones?
Witzleben no bajó la mirada.
Sabía que iba a morir.
También sabía que Freisler necesitaba humillarlo para convertir la ejecución en una victoria política.
Cuando tuvo oportunidad de hablar, lanzó una advertencia:
—Puede entregarnos al verdugo. Dentro de pocos meses, el pueblo enfurecido y atormentado le pedirá cuentas y lo arrastrará por el barro de las calles.
Freisler continuó gritando.
Pero en las imágenes conservadas existe un detalle difícil de ignorar.
Cada vez que uno de los acusados dejaba de defender su vida y comenzaba a hablar sobre el futuro del juez, la expresión de Freisler cambiaba.
La sonrisa desaparecía.
Los labios se tensaban.
Sus ojos se clavaban en el prisionero.
Entonces aumentaba el volumen de la voz, como si el ruido pudiera borrar la profecía.
Caesar von Hofacker, vinculado a la resistencia alemana en Francia, soportó varias interrupciones.
Finalmente se volvió hacia Freisler.
—Cállese —le dijo—. Hoy se trata de mi cabeza. Dentro de un año se tratará de la suya.
La sala quedó inmóvil por una fracción de segundo.
Los guardias observaron al acusado.
Los funcionarios miraron hacia el presidente.
Freisler no estaba acostumbrado a escuchar su nombre pronunciado de esa manera.
No como un título.
Como una advertencia.
El general Erich Fellgiebel respondió con una ironía todavía más directa.
—Entonces apresúrese a colgarme, señor presidente. De lo contrario, quizá usted sea colgado antes que yo.
Freisler apretó el rostro y volvió a atacar.
Pero ya no podía controlar completamente la escena.
Los acusados habían perdido la posibilidad de salvar sus vidas.
Eso los volvía peligrosos.
Un hombre que espera clemencia puede ser intimidado.
Un hombre que sabe que va a morir puede decir la verdad sin negociar.
Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld llegó al tribunal físicamente destruido por las condiciones de encarcelamiento.
Freisler intentó presentarlo como un aristócrata débil y resentido.
Schwerin respondió que se había opuesto a Hitler debido a los asesinatos masivos cometidos dentro y fuera de Alemania.
La referencia a esos crímenes enfureció al juez.
—¡No es más que un miserable montón de basura! —rugió Freisler.
La frase rebotó por la sala.
Sin embargo, el contraste era devastador.
El prisionero apenas podía mantenerse en pie, pero hablaba de personas asesinadas.
El juez vestía su toga oficial, pero solo podía responder con insultos.
Las sentencias llegaron una tras otra.
La mayoría de los principales acusados fueron condenados a muerte.
Hitler había exigido ejecuciones por ahorcamiento, realizadas con cuerdas delgadas y métodos diseñados para prolongar la agonía. Algunas fueron filmadas para su contemplación privada y para los archivos del régimen.
En determinados casos, los condenados fueron llevados a la prisión de Plötzensee pocas horas después del juicio.
No se les concedió tiempo para despedirse.
El proceso era rápido porque nunca había sido realmente un juicio.
Era una ejecución con prólogo.
Freisler alcanzó entonces la cima de su poder.
Miles de personas temían escuchar su nombre. Los abogados sabían que ante él no podían desarrollar una defensa normal. Los acusados comprendían que cualquier palabra sería interrumpida, deformada o usada en su contra.
Pero mientras él gritaba dentro del tribunal, el mundo exterior estaba cambiando.
En el verano de 1944, los aliados occidentales habían desembarcado en Normandía.
El Ejército Rojo avanzaba desde el este.
Las fuerzas alemanas retrocedían.
Las ciudades ardían.
Y las palabras de Sophie Scholl, dichas más de un año antes, ya no parecían una provocación.
La guerra estaba perdida.
El régimen simplemente no se atrevía a admitirlo.
A comienzos de 1945, Berlín vivía bajo las sirenas.
Los bombardeos podían comenzar en cualquier momento. Las ventanas estaban protegidas como podían. Los refugios se llenaban de civiles, funcionarios, heridos y familias que cargaban pequeñas maletas con sus últimas pertenencias.
Freisler continuaba trabajando.
Incluso cuando los edificios gubernamentales temblaban, el Tribunal Popular seguía procesando personas acusadas de derrotismo, traición o resistencia.
El 3 de febrero era sábado.
Aquella mañana, Freisler presidía una sesión ordinaria.
Entre los acusados se encontraba Fabian von Schlabrendorff, uno de los hombres relacionados con anteriores planes para matar a Hitler.
Schlabrendorff ya había sobrevivido a interrogatorios y torturas. Su destino parecía decidido.
Freisler tenía ante sí el expediente.
Probablemente preparaba otra condena.
Entonces sonaron las alarmas.
Una gran formación de bombarderos estadounidenses se aproximaba a Berlín.
La audiencia fue suspendida.
Los prisioneros recibieron la orden de dirigirse al refugio.
Funcionarios y guardias comenzaron a abandonar las salas.
Freisler se quedó atrás.
Quería recoger los expedientes.
Afuera, las primeras explosiones sacudieron la ciudad.
La Cancillería del Reich, instalaciones de la Gestapo, oficinas del partido y edificios administrativos fueron alcanzados durante el ataque.
Dentro del tribunal, el polvo cayó desde el techo.
Las ventanas vibraron.
Los pasillos se llenaron de ruido y humo.
Freisler salió finalmente de la sala con las carpetas.
Entonces una bomba impactó en el edificio.
La estructura se abrió.
Una parte del techo y varias vigas se desplomaron.
Una de ellas golpeó a Freisler.
Murió en el acto, sepultado bajo los restos del tribunal que había convertido en una fábrica de sentencias de muerte.
Otra versión sostiene que fue alcanzado por fragmentos mientras corría hacia el refugio y que murió desangrado cerca del edificio.
Los detalles exactos fueron difíciles de reconstruir en el caos del bombardeo.
Pero casi todos los relatos coinciden en un elemento.
Cuando recuperaron su cuerpo, Freisler todavía estaba aferrado a los expedientes.
Uno de ellos pertenecía al hombre que esperaba condenar.
Fabian von Schlabrendorff sobrevivió.
La bomba que mató al juez destruyó temporalmente la maquinaria que estaba a punto de enviarlo a la muerte.
Aquello fue el giro final.
Durante años, Freisler había entrado en cada audiencia sabiendo que él saldría caminando y que muchos de los acusados no regresarían jamás a sus hogares.
El 3 de febrero, el acusado salió con vida.
El juez fue retirado entre escombros.
El cadáver de Freisler fue llevado a un hospital cercano.
Décadas más tarde, Luise von Benda, esposa del general Alfred Jodl, relató que se encontraba trabajando allí cuando llegó el cuerpo.
Un empleado lo reconoció.
Miró al hombre que había dictado miles de condenas.
—Es el juicio de Dios —dijo.
Nadie respondió.
No hubo protestas.
No hubo gestos de dolor.
No hubo lágrimas.
Freisler fue enterrado en la tumba familiar de su esposa en Berlín.
Su nombre no apareció destacado en la lápida.
El hombre que había vivido para convertir cada juicio en un espectáculo terminó en una sepultura casi anónima.
Las predicciones pronunciadas por sus víctimas se habían cumplido antes de lo esperado.
Caesar von Hofacker había dicho que dentro de un año se trataría de la cabeza de Freisler.
No hizo falta esperar un año.
Erich Fellgiebel había advertido que el juez podía morir antes que él.
Fellgiebel fue ejecutado, pero la frase sobrevivió y terminó persiguiendo la memoria del tribunal.
Witzleben había anunciado que la historia arrastraría a Freisler por el barro.
No ocurrió literalmente en las calles de Berlín.
Ocurrió de una manera más duradera.
Su nombre quedó unido para siempre a la destrucción de la justicia alemana.
Y quizá esa sea la parte más inquietante de su historia.
Roland Freisler no era un hombre sin educación.
No era un criminal incapaz de comprender las leyes.
Era doctor en Derecho.
Conocía los principios procesales. Entendía la importancia de las pruebas. Sabía por qué un acusado necesitaba una defensa. Había trabajado como abogado y se había beneficiado de un sistema jurídico que toleró incluso sus abusos verbales.
No destruyó la justicia por ignorancia.
La destruyó con pleno conocimiento de cómo funcionaba.
Usó su inteligencia para encontrar palabras que justificaran la persecución.
Usó su talento para convertir prejuicios raciales en normas.
Usó su voz para impedir que las víctimas fueran escuchadas.
Usó la toga para dar apariencia legal a decisiones políticas.
Esa es la razón por la que su figura resulta más aterradora que la de un simple verdugo.
Un verdugo ejecuta una sentencia.
Freisler ayudaba a fabricar la mentira que permitía llamarla justicia.
El Tribunal Popular no necesitaba demostrar que una persona había cometido un crimen grave.
En muchos casos bastaba con haber contado un chiste, escuchado una emisora extranjera, repartido un panfleto, criticado la guerra, conocido a un conspirador o expresado dudas sobre la victoria alemana.
La frontera entre la opinión y la traición desapareció.
La frontera entre la identidad y el delito desapareció.
La frontera entre un juez y un militante político desapareció.
Cuando todas esas fronteras se borraron, la sala de audiencias dejó de proteger a la sociedad.
Comenzó a devorarla.
Freisler creyó que su poder provenía de Hitler.
Creyó que mientras obedeciera al Führer nadie podría juzgarlo.
Pero en sus últimos meses debió escuchar algo que ni siquiera sus gritos podían silenciar.
Los acusados ya no le pedían clemencia.
Le hablaban de su final.
Le recordaban que el Reich no era eterno.
Le decían que la guerra estaba perdida.
Le advertían que la misma estructura que él defendía se derrumbaría sobre quienes la habían construido.
El 3 de febrero de 1945, esa advertencia tomó forma física.
Las paredes del Tribunal Popular cayeron.
El busto de Hitler quedó rodeado de polvo.
Los expedientes se dispersaron entre los escombros.
Y el juez de sangre murió abrazado a los nombres de quienes pensaba destruir.
Dos meses después, el Ejército Rojo entró en Berlín.
Hitler se suicidó el 30 de abril.
La Alemania nazi se rindió en mayo.
El llamado Reich de los Mil Años había durado doce.
Sophie Scholl tenía razón.
La guerra estaba perdida.
Witzleben tenía razón.
El régimen sería expuesto.
Hofacker tenía razón.
La cabeza de Freisler no permanecería a salvo.
Y aunque muchas de sus víctimas no vivieron para verlo, el tribunal que las había condenado terminó convertido en ruinas.
La muerte de Roland Freisler no devolvió la vida a los estudiantes de la Rosa Blanca.
No reparó el dolor de las familias.
No anuló las ejecuciones.
No liberó a quienes ya habían sido asesinados.
La justicia histórica nunca es completa cuando llega después de las víctimas.
Pero su final dejó una imagen imposible de olvidar.
Un hombre puede usar la ley para perseguir.
Puede llenar una sala de banderas.
Puede gritar hasta silenciar a todos.
Puede condenar a inocentes y llamar traidores a quienes dicen la verdad.
Puede creer que la toga lo protege y que el poder durará para siempre.
Pero cuando la ley deja de servir a la justicia y comienza a servir al fanatismo, el tribunal ya no es un tribunal.
Es una escena del crimen.
Y tarde o temprano, los escombros terminan revelando quién era realmente el culpable.
